Camille, líder de la Plataforma de Defensa de Haití para el Desarrollo Alternativo (PAPDA, por sus siglas en francés), que nuclea a un importante número de organizaciones sociales haitianas, compartirá con nosotros la situación política actual es su país, luego de que Martelly se impusiera en las elecciones presidenciales de este año, y la realidad de la MINUSTAH después que trascendieran los vergonzosos hechos de soldados uruguayos.
Entregaremos también la carta pública de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas de Argentina a Naciones Unidas que reitera que la ayuda humanitaria y solidaria no puede ser violenta ni implicar la militarización de un país por parte de ningún otro país ni región.
El 29 de febrero del año 2004, una intervención militar franco-norteamericana destituyó al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide. Posteriormente, este golpe de estado fue legitimado y reforzado con el mandato de la ONU que autorizó la presencia de tropas militares que integran la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH), con efectivos de diferentes países de América Latina (entre ellos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia y Paraguay), y de otros continentes, comandados y financiados por EE.UU. y Francia.
La coalición golpista y Washington aprendieron de un error previo en el caso venezolano: en vez de detener temporalmente a Aristide, el embajador de Estados Unidos puso al depuesto mandatario haitiano en un avión y lo envío a República Centroafricana (donde también había un gobierno de facto desde el 2002) y el golpista François Bozizé hizo redactar una nueva Constitución y resultó electo presidente de Haití en 2003.Fue el antecedente inmediato de lo que luego se constituyó como el primer golpe de Estado exitoso en Centroamérica en el siglo XXI: el perpetrado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Ya en ese entonces, la ansiedad de “hacer algo” por Haití condujo a varios países de Latinoamérica a emprender una intervención diplomática y militarmente mal concebida en su origen; pobremente implementada en ejecución y carente de propósitos políticos rigurosos y mensurables.
Antes de que la naturaleza golpeara con fuerza, con el terremoto de enero de 2010, la intervención militar desplegada desde 2004 en Haití había fracasado en términos de pacificar el país, estabilizar la situación política, reconciliar la sociedad y traer algún tipo de mejora en la calidad de vida de los haitianos. Después del terremoto la excusa de permanencia de la intervención fue que esta “coaliciones de voluntarios” podrían ayudar en la crisis humanitaria y sanitaria causada por el sismo. Pero después de las pruebas audiovisuales recientes del abuso de los militares a los haitianos, los gobiernos de la Unasur empezaron a plantearse la necesidad de retirar las tropas.
Hoy es evidente y urgente la necesidad del pueblo haitiano por asistencia coordinada, rehabilitación y toda solidaridad que pueda colaborar con una reconstrucción a partir de una lógica soberana y de cooperación humanitaria, para dejar atrás la ocupación dependiente y el aprovechamiento de las Instituciones Financieras Internacionales por seguir dando créditos y condenando al país a ser deudor de cuentas imposibles de cobrar.
Una vez más, decimos que la misión fracasada de la MINUSTAH y los organismos financieros usureros deben dejar el suelo haitiano. La ayuda entre pueblos no puede ser violenta; la ocupación no es sol
