La Cultura en la lucha por la igualdad y un desarrollo sustentable
La relación entre Cultura y Desarrollo ha sido ampliamente analizada y promovida en foros nacionales, latinoamericanos y globales durante los últimos treinta años como herramienta imprescindible en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Si uno mira los documentos y las declaraciones internacionales, todo el mundo “se llena la boca” hablando de la importancia de la acción cultural para lograr un desarrollo sin exclusión. Lo cierto es que, como dice la sabiduría popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Los recursos puestos en la ampliación de las herramientas y medios que le permiten a los pueblos hacer cultura y arte son todavía muy escasos. Por supuesto, eso no quita que crezcan en las comunidades de nuestro país y de toda Latinoamérica millones de experiencias populares que producen belleza y justicia todos los días, a pesar de que el Poder instituído mire para otro lado.
Organizaciones y experiencias sociales
Esos emprendimientos impulsados autogestivamente al interior de la sociedad civil, en el seno de nuestros pueblos, en torno de la producción y circulación de bienes culturales constituyen un actor fundamental de un desarrollo equitativo tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica. El arte y la cultura popular fueron y son protagonistas de los procesos de cambio en todo el continente. Y producen cambios que no solo pasan por lo discursivo, sino que activan la economía social y otros recursos de las comunidades, o provocan transformaciones políticas en todos los niveles.
Un sector importante en la Economía del país
En efecto, acá en Argentina, las actividades vinculadas a la comunicación y la cultura involucran una porción muy importante de nuestro Producto Bruto Interno (cerca de un 3%), y cubren un abanico amplísimo y diverso de acciones, desde las fiestas y festivales populares en cada municipio (que superan las 5000 en todo el país todos los años) hasta todo lo vinculado con la edición de producciones audiovisuales, discográficas, literarias, las actividades escénicas, la actividad incesante de grupos, organizaciones, colectividades y entidades que desarrollan iniciativas culturales.
Una mirada distinta a la lógica del “mercado”
En ese marco, existen miles de experiencias colectivas organizadas que impulsan estas acciones de producción, distribución y circulación de bienes culturales sin estar animadas por objetivos prioritariamente vinculados al lucro o la ganancia empresaria y que, por el contrario, conciben y realizan cada etapa de su tarea como dispositivos al interior de procesos de desarrollo sustentable y democrático en sus comunidades. Se trata de un nuevo tipo de organizaciones (prioritariamente culturales), que se multiplicaron notablemente en los últimos veinte años*.
* Según una investigación realizada en el año 2000 por la Universidad Nacional de General Sarmiento, sólo en el Gran Buenos Aires, de un muestreo de 273 organizaciones de base territorial, las de tipo cultural eran mayoría en el sector de las nacidas después de los años 90 e impulsadas por jóvenes, sólo superadas por los comedores populares y guarderías.
Diversidad y creatividad popular
Nos referimos a grupos de teatro comunitario, centros culturales, escuelas de arte comunitarias, medios locales de comunicación comunitaria, murgas, agrupaciones vinculadas a las artes plásticas, a la música o a la danza, etc. que se multiplican en barrios y localidades convocando a millones de argentinas y argentinos en iniciativas colectivas de expresión estética, democracia y también de economía social y solidaria. Su diversidad es la muestra más clara de su origen popular; y su vinculación con los problemas de cada barrio o lugar pueden leerse en sus creaciones, ya sean musicales, teatrales, poéticas o plásticas. Una dura realidad amenaza también a esas experiencias; no todas logran sobrevivir en el tiempo, y se diluyen por la falta de recursos o de infraestructura entre otras cosas.
Para crecer
Estas experiencias solo pueden encontrar un desarrollo sustentable a través de políticas públicas diseñadas en un marco legal e institucional definido por:
a) instancias de Democracia Participativa a nivel barrial, distrital, provincial y nacional;
b) el apoyo estatal a emprendimientos públicos no estatales a través de recursos, equipamiento, formación y fortalecimiento institucional;
c) la articulación efectiva con proyectos de Desarrollo Local y Economía Social en el marco de políticas de Democracia Participativa;
d) el impulso de una legislación que ampare y consolide a nivel local, distrital, provincial y nacional la producción artística autogestiva e independiente
e) la creación de infraestructura territorial para el desarrollo de iniciativas culturales en espacios públicos, tanto edilicias como técnicas (anfiteatros al aire libre, salas, islas de edición audiovisual, vehículos, etc).
En Latinoamérica y el Mundo
Esta visión tiene su fundamento teórico y conceptual en diversos y abundantes aportes académicos, institucionales y políticos expresados en debates y foros a lo largo de los últimos años, tales como la Convención por la Diversidad Cultural de la UNESCO, el Congreso Iberoamericano de Cultura, el Foro Mundial de Cultura ó el Foro Social Mundial. No hay espacio internacional institucional en estos temas que no vincule al combate a la pobreza con las acciones de fortalecimiento en lo cultural y lo comunitario. Sin embargo, los cambios en la legislación cotidiana y en las políticas todavía dejan mucho que desear.
¿Qué pasa en Argentina? Un escenario difícil
Lamentablemente, en la actualidad en nuestro país, el marco legal y jurídico para el desarrollo de estas iniciativas surgidas promovidas desde nuestro Pueblo en torno de la producción, distribución y circulación de bienes culturales carece de estos elementos. En efecto, la legislación existente en este tema:
a) no promueve instancias reales y territorializadas de Democracia Participativa (sólo en 23 municipios de los cerca de 2200 existentes en la Argentina se realizan, por ejemplo, mecanismos de Presupuesto Participativo, y hace veinte años que no se hacen ni consultas ni iniciativas populares promovidas desde el Estado);
b) los fondos y estrategias de política estatal destinados al apoyo del sector son exiguas e irrelevantes respecto de la envergadura y la cantidad de iniciativas existentes en el territorio de todo el país;
c) no existen procesos nacionalizados y federales de planificación participativa del Desarrollo que involucren a los actores sociales y económicos de barrios y localidades. Si hay avances puntuales en algunos lugares, no tienen peso federal y no involucran a un porcentaje relevante de la población ni de los miles de organizaciones populares existentes;
d) aún no han sido sancionadas herramientas legislativas de apoyo a estos sectores, salvo en casos específicos que detallaremos más adelante (como el caso de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual o del inminente debate de una Ley de la Música, o en el proyecto de una Ley que, gracias a la lucha de las murgas de todo el país, recupere para el Pueblo argentino el Feriado de Carnaval);
e) No existen herramientas legales, elementos de infraestructura o políticas públicas masivas que garanticen el acceso a espacios públicos y programación cultural a nivel barrial o local, ni en los centros urbanos, ni en las zonas suburbanas o rurales, por fuera de las iniciativas promovidas por los sectores empresarios vinculados a la industria cultural instituída y comercial o las discontinuas propuestas ligadas a la lógica exclusivamente estatal, confesional o partidaria.
El Estado y la Cultura en nuestro país: leyes, estructuras, instituciones La Secretaría de Cultura de la Nación , dependiente de Presidencia, es el órgano por excelencia a través del cual el Estado Nacional desarrolla su política pública en el campo de la cultura, o dicho más sencillamente su política cultural. Esta política se concreta a través del accionar de una serie de instituciones de larga data que, de distintas formas (dependencia directa, desconcentrados, descentralizados) están vinculados a la Secretaría.
El organigrama de la Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación (SCN) comprende dos Sub Secretarías (Gestión Cultural e Industrias Culturales, ésta última vacante casi desde su propia creación en 2007), cuatro Direcciones Nacionales: Políticas Culturales y Cooperación Internacional; Industrias Culturales; Artes; y Patrimonio y Museos; además de la recientemente creada Unidad Bicentenario. De la Secretaria también dependen una serie de organismos: 11 institutos, siendo los mas conocidos el Instituto Juan D. Perón y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; 23 museos, entre los que se encuentran el Cabildo, la Casa Histórica de Tucumán, el Palacio San José y el Palais de Glace. La SCN además esta integrada por organismos descentralizados de gran importancia y presupuesto, los mismos son: la Biblioteca Nacional; el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional del Teatro; el Fondo Nacional de las Artes y el Teatro Nacional Cervantes (TNC); y también algunos organismos desconcentrados como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBiP); la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos; y el Museo Nacional de Bellas Artes. A estos se ha sumado la reciente creación de la Cinemateca y el Archivo de la Imagen Nacional (Cinain) como ente autárquico y autónomo dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación. También dependen de la SCN los elencos estables como la Orquesta Sinfónica Nacional; la Orquesta Juan de Dios Filiberto, ballets y cuerpos de teatro del TNC.
En el caso de la cultura comunitaria, el único intento de construcción de una política se dio a partir del año 2005 con la creación de la Unidad de Programas y Proyectos Especiales (UPPE) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la SCN. La UPPE desarrolló algunas líneas de acción orientadas al fomento de la organización comunitaria en torno a la cultura. Lamentablemente esta política nunca llegó a consolidarse, y sus intentos no pasaron de un enunciado de buenas intenciones, en la actualidad el único programa persistente es el de subsidios para desarrollo social (antes programa de subsidios para organizaciones sociales), cuyo presupuesto, a pesar de haber aumentado un 50% desde el 2005, continua siendo exiguo e insuficiente: sólo puede dotar con fondos que llegan a los $ 25000 a cerca de 40 experiencias en todo el país.
Similar panorama se verifica si uno analiza la legislación existente en materia cultural. Tanto las leyes emitidas por los congresos provinciales como las normas dictadas a nivel nacional, se limitan a declarar de interés cultural géneros y lenguajes pertenecientes a nuestro patrimonio simbólico o reconocer, en el mejor de los casos, la preexistencia de las culturas de los pueblos originarios. Estas leyes instituyen estructuras tendientes a favorecer el desarrollo de las disciplinas tradicionales del arte, a crear museos e institutos de cuidado de diversas manifestaciones del patrimonio cultural y consagrar “fechas y festividades” en el calendario de las distintas comunidades.
Fuera de las históricas bibliotecas populares, no se expresa en nuestra legislación el reconocimiento de ningún actor social organizado en el terreno de la producción y distribución de bienes culturales. Tampoco puede leerse en nuestra legislación la visión de la cultura como un proceso dinámico que influye en la economía social y la democratización de la sociedad.
El reciente decreto referido al feriado de carnaval, fue justificada más bien como una medida tendiente a favorecer el miniturismo y fines de semana largos; y no como la posibilidad de generar hechos de producción comunitaria desde el territorio en clave de otra democracia.
Centros culturales, redes de distribución alternativa de producciones artísticas, circuitos de economía social en la cultura, son categorías o conceptos que no figuran en absoluto en nuestras leyes; para las normas existentes, la cultura es un hecho estático que hay que cuidar y proteger, y no un hecho de transformación protagonizado por la gente.
En este sentido, tanto la flamante Ley de 26522 de SCA como nuestra propuesta de Puntos de Cultura, son vértices de una concepción nueva en materia de producción y distribución de bienes culturales.
¿Inversión en Cultura o un vuelto para entretenimiento cultural?
La UNESCO recomienda que se asigne a los Ministerios o Secretarías de Cultura de los países un mínimo del 1% de los Presupuestos Nacionales. Para darnos una idea, significaría invertir por año unos $60 por habitante en cuestiones relacionadas con la cultura. Este porcentaje no se respeta en nuestro país. Aquí vemos algunos cuadros que nos lo muestran con claridad:
• En el gráfico puede verse la inversión en cultura por habitante que realizan los organismos de cultura provinciales y de la Nación. San Luis y la CABA aparecen como excepciones, con valores que se encuentran por arriba de los $ 115 por habitante. Luego aparecen Tierra del Fuego y Santa Cruz, con un gasto que se ubica alrededor de los $ 35 por habitante. En las restantes provincias y la Nación el gasto se ubica por debajo de los $ 20 por habitante.
• En el gráfico puede verse el porcentaje del presupuesto total que las distintas provincias y la Nación destinan a la cultura. Salvo las excepciones de la CABA, San Luis y Tierra del Fuego, todas las jurisdicciones restantes se ubican muy por debajo del 1% que propone la UNESCO.
• En este gráfico se observa el gasto total en cultura de las distintas jurisdicciones del país, incluida la Nación. Se destaca la CABA, con casi $ 350 millones, lo que la ubica por encima del gasto que realiza la Nación, de $283 millones. Le sigue la Provincia de Buenos Aires ($ 124 millones), San Luis ($ 51 millones), Córdoba ($ 36 millones) y Mendoza ($ 23 millones). Las restantes provincias destinan menos de 20 mi-llones de pesos, llegando a extremos alarmantes, como el de la Provincia de Formosa, con apenas $600 mil asignados a la cultura.
Estos porcentajes muestran un esquema no solo de mínima inversión en “cultura”, sino una profunda inequidad en lo social, ya que los indicadores de pobreza en la ciudad de Buenos Aires no son los mismos que en otras provincias con mayor porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, estas cifras muestran que no sólo se trata de poco apoyo en la cultura para todos, sino que ese apoyo es menor para los más pobres. Si tenemos en cuenta que la mitad de nuestros pobres en todo el país son jóvenes, hay otro resultado grave: el sector más afectado por la falta de políticas culturales activas son nuestros jóvenes. Los mismos que son acusados por los medios en sus informes amarillos de la crónica policial cotidiana.
Algunas victorias importantes
Consideramos un avance importante la reciente sanción de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como el inminente debate de una Ley de la Música, sobretodo en la propuesta de los músicos independientes, articulada en cientos de foros en todo el país, y el proyecto de Ley del Feriado de Carnaval, largamente reclamado por las murgas de todo el país. Del mismo modo, el anteproyecto de norma legislativa acerca de los “Puntos de Cultura”, enviada al Congreso de la Nación tras su aprobación en el Parlamento del Mercosur, significa un avance importante en esta línea. Aún así, en los tres casos, esas leyes solo pueden desarrollarse en el marco de una reglamentación y nueva legislación y políticas públicas que pro-muevan el fortalecimiento de las iniciativas culturales surgidas al interior de la sociedad civil en todo el país.
Los “Puntos de Cultura”
En este sentido, el anteproyecto de norma legislativa acerca de los “Puntos de Cultura”, enviada al Congreso de la Nación tras su aprobación en el Parlamento del Mercosur constituye una oportunidad inmejorable para poner en marcha un proceso o programa profundamente transformador en lo relacionado con estrategias culturales vinculadas al desarrollo local, la Democracia Participativa, la Ciudadanía, el acceso a los bienes culturales, la promoción de la creación artística y comunicacional popular y la Economía social y solidaria (ver anexo con el texto de la norma). Para ello debe recuperar los aspectos fundamentales de la iniciativa de los “Puntos de Cultura”, de origen brasileño, y darle viabilidad en el terreno de las políticas públicas.
Una oportunidad histórica
El citado anteproyecto de Norma Legislativa permitiría impulsar la creación de ámbitos estales y públicos, con participación de diversas representaciones de la Sociedad civil, en torno de un programa desarrollado al interior de la Secretaría de Cultura de la Nación con el objetivo de ampliar sustantivamente las capacidades comunitarias de producción y distribución de bienes culturales en todo el país, a través de herramientas de financiamiento, formación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional. En sucesivas etapas de relevamiento, articulación local, concurso de proyectos a nivel municipal y provincial y ejecución de las iniciativas, las nuevas herramientas nos permitirían fortalecer anualmente la tarea de cerca de 3000 experiencias culturales autogestivas y comunitarias en todo el territorio del país.
Presupuesto para la cultura comunitaria, autogestiva e independiente
Para ello debe destinarse anualmente a la promoción de la cultura comunitaria y autogestiva una cifra no menor a un 0,1% del total del Presupuesto Nacional, de manera de poder garantizar, a través del subsidio a proyectos culturales comunitarios, el sostenimiento del funcionamiento de los mismos y del impulso de las iniciativas que se propongan en sus proyectos. Si el monto básico del apoyo a esos proyectos culturales comunitarios rondara los $ 70000, se llegaría a sostener los gastos básicos durante un año, aproximadamente, de un proyecto cultural comunitario cada 15000 habitantes, lo que constituiría una acción efectiva de democratización cultural en experiencias que, de otro modo, ven cotidianamente dificultado su acceso a recursos de fortalecimiento. Significaría involucrar en estrategias culturales y sociales a 9 millones de argentinas y argentinos.
Gestión Asociada y Participativa para una iniciativa del Protagonismo Popular
Para la correcta administración de una iniciativa de este tipo consideramos necesario institucionalizar ámbitos de gestión asociada de carácter federal que garanticen en todos sus niveles la participación de
a) representantes de los ejecutivos municipales, provinciales y del Ejecutivo nacional- Secretaria de Cultura de la Nación, direcciones y secretarías de cultura, etc-,
b) representantes de redes o agrupamientos de Arte, Cultura, Comunicación y Transformación Social en todo el país, a nivel local, distrital y provincial, ya sea en sus expresiones comunitarias territoriales como en la agremiación de distintas disciplinas (música, cine, muralismo, teatro comunitario, etc.)
c) Universidades, Centros de Estudios e Institutos de formación en disciplinas vinculadas a la producción cultural. Este ámbito puede tomar el nombre de Consejo Nacional de Cultura Comunitaria y del Arte Autogestivo e Independiente, y replicar su formación a nivel provincial y distrital en cada lugar del país. Este Consejo puede asumir la tarea de expedirse y aconsejar la aprobación o no de los proyectos culturales comunitarios presentados por los distintos colectivos y organizaciones culturales en respectivos concursos impulsados a nivel municipal en todo el país.
Una cuestión de valores
El acceso por parte de los colectivos y organizaciones culturales a las distintas instancia de apoyo económico o técnico brindadas por este programa podrían estar dados por una evaluación técnica y social de los proyectos presentados; en este sentido, los criterios de evaluación de los mismos estarán vinculados a la relación que exista entre el contenido del proyecto presentado y la promoción de valores como
a) la promoción de redes comunitarias a nivel local, barrial y distrital en función de proyectos de desarrollo local, Economía Social y solidaria y Democracia Participativa.
b) la multiplicidad y diversidad de estéticas y manifestaciones culturales realizadas con amor y belleza
c) la promoción de la Igualdad como valor fundante (social, en la distribución del ingreso, de género, confesional, ideológica),
d) la democratización de los debates públicos, la ciudadanía y la participación popular,
e) la defensa de los bienes comunes, el medio ambiente y el hábitat,
f) la denuncia de todo tipo de discriminación y autoritarismo.
Desde cada lugar y con la gente
A su vez, cada colectivo u organización cultural beneficiados a partir de este programa debería garantizar el acceso de no menos de 3000 pobladores a los bienes o servicios culturales que la organización generará a partir de la iniciativa presentada. Esto implicaría, como decíamos al principio, el involucramiento de cerca de 9 millones de argentinas y argentinos en acciones culturales de promoción social. Si tenemos en cuenta que en nuestro país hay 15 millones de pobladores en situación de pobreza, una iniciativa de este tipo sería un formidable motor de organización social para superar esas realidades.
Criterios para un camino compartido Implementar una iniciativa de este tipo exige que fortalezcamos la identidad solidaria y comunitaria de la misma. Por ejemplo,
• Que se deben priorizar las prácticas en red, articulando territorial y temáticamente los proyectos de manera de potenciar su impacto transformador.
• Que es necesario resaltar la dimensión “latinoamericana” de esta política cultural, en su origen, su identidad y en su perspectiva de desarrollo.
• Que creemos sería positivo avanzar en la constitución de herramientas y mecanismos institucionales que estén a salvo de los vaivenes de la política electoral en el sostenimiento de estas iniciativas y en el adecuado control de su eficacia social (leyes e instituciones).
• Que es necesario dar cuenta del contexto y las condiciones sociales en que surgieron estas nuevas experiencias culturales organizadas, su trayectoria, su identidad histórica y su rol en la democratización de la sociedad argentina.
• Que la implementación de polìticas de apoyo a las experiencias culturales autogestivas debieran privilegiar el sostenimiento de los que “hacen” las acciones culturales transformadoras en el territorio y evitar el surgimiento de sobredimensionadas estructuras seudo-burocráticas en los aspectos de la gestión, la producción intelectual u otros aspectos de los proyectos impulsados.
• Que el impacto social de los proyectos debe ser adecuado a los entornos geográficos, sociales y culturales; así, si el mínimo de 3000 pobladores puede ser una meta importante en proyectos de carácter urbano, en zonas rurales o semirurales esta categoría y estas cifras deben ser repensadas para formular pertinentemente la transformación buscada en términos cuantitativos y cualitativos.
• Que en la implementación de estas iniciativas debe asumirse la necesidad de priorizar y abordar con especial atención la realidad de zonas con alta densidad demográfica y situaciones de pobreza extrema.
• Que habida cuenta de que las organizaciones sociales cuentan con un elevado grado de legitimidad social en el desarrollo de sus tareas, las iniciativas de apoyo a la cultura autogestiva y comunitaria deben buscar de dotar a esas experiencias del máximo grado posible de legalidad institucional y política, de manera de ser percibidos por el conjunto de la sociedad institucional como actores importantes en la creación cotidiana de la cultural local y regional.
El capitalismo hace productos; el Pueblo hace Cultura
Las organizaciones y grupos de cultura comunitaria constituyen un fenómeno activo y presente en todo el territorio de nuestro país, que lejos de ser emprendimientos de tipo “privado”, van tomando la identidad de proyectos de carácter público no estatal, democratizadores del desarrollo, del arte y de la comunicación, y que deben ser fortalecidos con la acción del Estado sin afectar su autonomía. Creemos que estos elementos deben ser considerados en un amplio debate sobre la concepción de construcción cultural que entendemos necesita nuestro país y nuestro pueblo, que a todas luces debe superar las concepciones patrimonialistas, profesionalistas, de “extensio-nismo” cultural o de “arte pobre para pobres” e impulsar procesos transformadores anclados en las dinámicas y experiencias que la ciudadanía ya está impulsando en el territorio. En este sentido, aportamos estas ideas como parte de la construcción de “PUEBLO HACE CULTURA”, 1ª Marcha Nacional de Organizaciones Culturales Comunitarias y del Arte Independiente, y como elementos para la discusión de una Ley de Cultura a nivel nacional.
Más información: www.pueblohacecultura.org.ar
