"Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, Legisladores Provinciales, IAPV y representantes de organizaciones sindicales y territoriales como CTA, AGMER, ATE, MTR, CCC, Militantes por la Unidad Popular, contenidos en la Constituyente Social, tenemos un diagnóstico compartido del problema de la tierra y de la vivienda", expresaron los compañeros y puntualizaron:
La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas.
Conforme a dicho diagnostico, desde la Constituyente Social proponemos:
Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad.
Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
Reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan “grupos radicalizados”. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social.
Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
Acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.
"Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados", finalizaron desde Gualeguaychú.
Por Constituyente Social de Gualeguaychú
