El gobierno provincial salió con tapones de punta para impulsar la megaminería en nuestras tierras. El discurso del gobernador Celso Jaque fue enfático el 1 de mayo: Mendoza tiene que volver a discutir el tema minero y hay que impulsar el desarrollo de esta actividad. Como no podía ser de otro modo, instruyó a sus fieles seguidores y determinó que sus ministros bajaran línea acerca de la megaminería a través de los medios masivos. La nueva directora de minería, Adriana Blesa, firme a sus convicciones, salió a cumplir con la tarea encomendada. En entrevista a estos medios a los cuales hacía alusión el primer mandatario provincial, declaró que la ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto, tiene poca lógica. Esta declaración sugiere varias preguntas, pero la central que emerge es qué es lo lógico o lo ilógico. Más allá de la subestimación a quienes en el año 2007 estaban vinculados y vinculadas al rechazo a la actividad megaminera, el problema mayor radica en que la sociedad mendocina dijo no a la megaminería y si al agua pura, desde hace varios años.
Los intereses de la gran minería roza a distintos sectores: grandes empresarios, legisladores pero, por sobre todo, el gobierno provincial, que al igual que en la época de Cobos, las miradas positivas a estas empresas fueron eje de política minera en Mendoza. Esto nos lleva a recordar al vicepresidente de la Nación, Julio Cleto Cobos, quien fuese el primero en estimular la inversión megaminera y quien vetara en el 2006 la ley que prohibía la minería a cielo abierto, que en aquel entonces presentara Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos. Ricardo Schulze de Autoconvocados de San Carlos, denunció que "intentan modificar las leyes para poder insertar en la provincia la minería metalífera que usa sustancias tóxicas. Entonces, estas corporaciones están intentando por todos los medios que esta ley se trate nuevamente en la legislatura y hacerla más laxa para que puedan entrar".
La ley provincial 7722, que fue aprobada por la legislatura provincial en junio de 2007, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto. La misma se discutió en medio de un profundo debate entre quienes defienden esta actividad y distintas organizaciones que se oponen a estos megaemprendimientos. Alvear se levantó en una gran pueblada, que mostró rutas, calles y plazas tomadas por el pueblo. A la vez, San Carlos veía, la ruta nacional 40, cortada durante tres días. Esta expresión popular es la que intentan poner en cuestión a partir de los constantes avances en la problematización de una ley que no prohíbe la minería sino una forma de hacer minería. El método de lixiviación es un modo de extracción que requiere grandes cantidades de aguas y sustancias tóxicas como cianuro o mercurio, acido sulfúrico o xantato. Todas estas sustancias químicas son altamente tóxicas y ponen en riesgo el agua de consumo domiciliario y las zonas productivas.
En Mendoza, a la fecha hay dos proyectos que intentan entrar en la fase de explotación: Potasio Río Colorado, en Malargüe y San Jorge, en Uspallata. Ambos proyectos son fuertemente cuestionados por las distintas asambleas provinciales, nucleadas en Asambleas Provinciales por Agua Pura (AMPAP). El gobierno provincial intenta hacer oídos sordos a la voluntad y la decisión popular. De la mano de la megaminería, intentan propiciar políticas represivas con la reforma del Código Contravencional, conocido también como Ley de Faltas, se busca criminalizar la protesta y la pobreza como hizo José Luis Rioja en la provincia de San Juan, para dejarle el camino libre a la Barrick Gold con los emprendimientos: Veladero y Pascua Lama. Mendoza dijo no, y el no es no; gritan las asambleas a lo largo y ancho de la provincia.
Producción y texto Prensa ATE. Imágenes: Iconoclasistas
