La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, basada en los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación impulsados desde 2004 por la Coalición, se aprobó el año pasado por amplia mayoría en las dos cámaras, después de debates en todo el país y audiencias públicas en diputados y en senadores. Hoy la norma se encuentra suspendida provisoriamente por los jueces de la Cámara Federal de Mendoza que ratificaron la medida cautelar de la jueza federal Olga Pura de Arrabal que paralizó su aplicación por un recurso del diputado nacional del peronismo disidente Enrique Thomas, quien adujo un supuesto incumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto.
La jueza es la misma que prohibió las emisiones de Canal 7 en Mendoza por pedido del Grupo UNO del empresario Daniel Vila. La Cámara Federal de Mendoza mantiene a todos los represores de la dictadura de esa provincia en libertad y los familiares de las víctimas del terrorismo de estado acusan al tribunal de favorecer a los represores.
Además, gremios de prensa, estudiantes de periodismo y organizaciones sociales de diversas capitales provinciales y ciudades del interior marcharán también por la aplicación de la ley. Esto ocurrirá en La Pampa, Jujuy, La Plata, La Rioja, Santa Fe y Bariloche, entre otras.
