En cada una de estas acciones de las desarrolladoras de barrios privados hay autoridades que dejan hacer, miran para el costado o dan su autorización sin tener en cuenta los impactos negativos para los vecinos y pueblos preexistentes. El negocio inmobiliario mueve millones de dólares y hay muchas áreas gubernamentales implicadas.
La destrucción del patrimonio cultural por los megaemprendimientos de barrios privados sucede desde hace dos décadas, pero comenzó a cobrar mayor notoriedad pública a partir de un conflicto en la localidad tigrense de Dique Luján con un sitio arqueológico llamado Punta Querandí. Allí acampan desde el 19 de febrero vecinos e integrantes de pueblos originarios para defender 2 hectáreas con restos arqueológicos que quieren ser adueñadas por el poderoso empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, directivo de la desarrolladora EIDICO, ex asesor del Gobierno Nacional y aliado del municipio de Tigre. Esta protesta ganó la atención de la prensa, de legisladores nacionales, de organismos oficiales como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y ahora también de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Los countries arrebatan a los vecinos espacios públicos de uso tradicional y los perjudican con mayores inundaciones. Además del impacto ambiental generado por el relleno de miles de hectáreas de humedales, estos megaemprendimientos arrasan con un patrimonio cultural milenario. Debajo de las viviendas de los nuevos vecinos yacen destruídos sitios arqueológicos que contienen cementerios indígenas de las culturas preexistentes, como los denominados Garín y Sarandí. ¿Cuántos más corrieron esa suerte? Es difícil de precisar porque no estaban debidamente identificados, pero según los especialistas toda la zona está plagada de sitios.
El 29 de marzo, integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que protesta en Punta Querandí se reunieron con funcionarios de primera línea de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El encuentro fue propiciado por la diputada nacional Elsa Quiroz (CC-ARI), quien participó de la audiencia con todo su equipo de asesores y con Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Por parte del organismo estuvieron el segundo defensor adjunto Juan Jesús Mínguez, el director de derechos sociales Horacio Esber y la directora de medioambiente Cristina Maiztegui. Del acampe fueron parte Graciela Satalic, Alberto Aguirre y Liliana Leiva.
"Vieron elementos suficientes para iniciar una investigación exhuastiva", explicaron desde el despacho de Elsa Quiroz. La institución encargada de velar por los derechos tutelados en la Constitución y en las leyes abrió un expediente y, según informaron, en esta semana ya enviaban los pedidos de informes a los distintos organismos estatales. Con toda la información recogida, la Defensoría elaborará un dictamen y puede llegar a presentarse en sede judicial.
La Defensoría del Pueblo de la Nación realiza investigaciones conducentes al esclarecimiento del accionar de la Administración Pública que sea "ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno en sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos". Esta parece ser la situación de la construcción de los barrios privados en Tigre y Escobar.
Las oficinas gubernamentales involucradas son muchas, entre otras el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental; la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas; y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF - ex ONABE). También los encargados de velar por el patrimonio arqueológico, como el Instituto Cultural Bonaerense y Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
Los vecinos que acampan en Punta Querandí denuncian la irregularidad de una transferencia de 3 kilómetros de tierras ferroviarias -20 hectáreas- del ex ramal que unía Ingeniero Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre). Dos sociedades anónimas relacionadas a EIDICO gestionaron la compra de los terrenos y luego los cedieron a la firma de O’Reilly. La mitad de estas tierras fueron demolidas para ampliar el Canal Villanueva, la otra mitad son lotes del country San Marco. De esta manera se les arrebató a los vecinos un camino de uso tradicional. Ya en el 2000 la extensión del Canal Villanueva efectuada por la empresa cortó la calle Brasil, y destruyó el yacimiento arqueológico Garín y parte del sitio Punta Canal.
Quedan 2 hectáreas que aún no han podido ser apropiados por Jorge O’Reilly, quien primero quería construir allí su casa y luego intentó ceder el lote como pista de equitación para la escuela religiosa que funciona en el futuro barrio privado San Benito. Conocido desde hace décadas como Punta Canal y rebautizado como Punta Querandí, el predio es un espacio público tradicional de esparcimiento para los vecinos de la zona, y para las comunidades es sagrado porque allí se encuentran restos de hace mil años de las culturas preexistentes a Buenos Aires. Este lugar fue anteriormente una parada intermedia del ferrocarril conocida como KM4, en donde se filmaron las escenas iniciales de la película Almafuerte (1949), uno de los hitos del cine argentino. Además es foco de historias de extrañas apariciones y otras historias de foklore local. Es decir, es un espacio arraigado en la sociedad regional, no eran tierras "abandonadas".
Territorio público milenario
La empresa no cuenta con la escritura de los lotes sino sólo con un boleto de compra venta que tiene una serie de cláusuras que posibilitan volver atrás con la operación. Los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha no piden la expropiación de una propiedad privada sino que los terrenos sigan siendo públicos para el beneficio de toda la sociedad. Quieren recuperar el predio, reforestarlo y construir en el lugar un museo donde estén las 120.000 piezas que excavaron los arqueológos en diciembre de 2008 -en una cuestionada campaña de rescate que fue financiada por EIDICO- y los miles de fragmentos que continúan apareciendo.
La protesta tiene una trascendencia mayor a las 2 hectáreas que se reclaman. Los vecinos afectados, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Asamblea de Delta y Río de la Plata, están logrando visibilizar los atropellos cometidos por las desarrolladoras de countries en la zona norte bonaerense. Y lo obtenido hasta ahora promete ser sólo el comienzo.
Producción y textos: Indymedia / pueblosarg.indymedia.org
