El 27 de diciembre de 2009, el diario La Nación, publicaba una nota destacando la búsqueda que Brasil realizaba sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridos en la dictadura y avanzaba diciendo: “Pero hay una diferencia. Los brasileños quieren poner fin a la impunidad para hacer frente a un problema actual: los escuadrones de la muerte, práctica antigua que ha cobrado vigencia en el último tiempo. Es una vuelta de tuerca.
Casi 25 años después del término de la dictadura, Brasil se apresta a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1964 y 1985. El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, que contará con un equipo de trabajo que buscará identificar a las 475 personas que murieron o desaparecieron, las más de 20 mil que fueron torturadas, las más de 50 mil que fueron encarceladas y los miles de brasileños que fueron exiliados o buscaron refugio en el exterior. Pero Brasil también busca resolver su pasado para hacer frente a sus problemas actuales.
El grupo de trabajo será integrado “en forma plural y suprapartidaria, con mandato y plazo definidos” y deberá “presentar recomendaciones para promover la efectiva reconciliación nacional y prevenir en el sentido de la no repetición de violaciones de los derechos humanos”.
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La iniciativa -que cuenta con la oposición del Ministerio de Defensa y del Ejército de Brasil-, más allá de “dilucidar la responsabilidad de los militares” en los crímenes de la dictadura, busca también hacer frente a dos asuntos que tienen que ver con el Brasil de hoy.
“En Brasil existe una cultura de la impunidad, y la impunidad siempre realimenta la repetición del crimen”, dijo el ministro de Derechos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi, el más decidido impulsor de la Comisión de la Verdad. En declaraciones al diario El País de España, el ministro develó la médula del proyecto: “No me refiero sólo a la impunidad del régimen militar. Tenemos una larga historia de esclavitud, y en nuestras escuelas nunca se ha discutido qué pasó durante esos períodos. Este pasado es el responsable de los sentimientos racistas que aún siguen socialmente arraigados. Lo mismo ha sucedido con el genocidio indígena, que entre 1500 y 1988 redujo la población originaria de cinco millones a 250.000 personas. Existe una conexión entre la falta de discusión sobre esta violencia y los problemas que tenemos hoy”.
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Para despejar cualquier duda, Vannuchi agrega: “Brasil puede salirse de esas convenciones (internacionales sobre derechos humanos). Algunas republiquetas amenazan con eso. Pero Brasil está en el camino contrario, no logrará un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU si toma esa decisión”.
La Comisión de la Verdad deberá “escuchar a las víctimas y sintetizar sus declaraciones, vincular los datos, las locaciones, el tipo de violencia y determinar responsabilidades”, explicó el ministro Vannuchi, aunque no está claro todavía que con los informes finales sea posible llevar a los represores a los tribunales. Por lo pronto, ya hay una comisión catastrando a las víctimas y sus familias, para diseñar una política de reparación. El proyecto de ley contempla, además del acopio de información sobre las acciones represivas y las víctimas, mecanismos de cooperación de entidades públicas y privadas (principalmente la Iglesia Católica) para acceder a documentos que aporten a la verdad y sobre todo a la búsqueda de los desaparecidos. El cuerpo de la ley también incluye la derogación de toda la legislación heredada de la dictadura que “sea contraria a la garantía de los derechos humanos o haya dado sustentación a graves violaciones”.
También serán creados “centros de la memoria”, con financiamiento estatal, y será prohibido el uso de nombres de ex represores para designar edificios o lugares públicos.
El Presidente Lula aprovechó el acto en el que anunció la Comisión de la Verdad para validar la lucha antidictatorial de la que él fue parte en los ‘70, que incluso le significó la cárcel”
