En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, calificaron como "inescrupulosos" a los directivos de la desarrolladora de barrios naúticos, a quienes relacionaron con sectores católicos ultra-conservadores. El lote pertenece al Estado Nacional, sin embargo ya fue arrasado por el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly, quien dice ser su dueño y pretende que allí aprendan equitación los niños de los countries. Desde el 19 de febrero, en el acceso al sitio hay un acampe "en defensa del patrimonio público y cultural": sus integrantes quieren que el lugar siga sirviendo a la revalorización de las culturas originarias, entre otros proyectos comunitarios.
"Inescrupulosos que no tienen ningún problema en pasar topadoras por la memoria y encima hacen negocios de muy dudosa legitimidad". Así describió la diputada Verónica Benas (Solidaridad e Igualdad - SI) a la desarrolladora de barrios privados EIDICO, que lleva urbanizadas miles de hectáreas de humedales en el Delta bonaerense destruyendo su patrimonio natural y cultural. "Son Tradición, Familia y Propiedad", dijo Silvia Vázquez (Concertación - FORJA), relacionándolos con la agrupación católica ultra-conservadora. Jorge Cardelli (Proyecto Sur) los vinculó con un "proyecto que implica ir adueñándose del territorio de nuestro país".
Las declaraciones fueron vertidas en una conferencia de prensa realizada el miércoles 24 de febrero en el salón José Luis Cabezas del Congreso, donde legisladores y vecinos denunciaron la impunidad con que se manejan las desarrolladoras de barrios náuticos. Y seguramente traerán repercusión por las contundentes críticas que dirigieron contra la empresa de Jorge O’Reilly, ex asesor de Sergio Massa cuando estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Además de los legisladores citados, estuvieron presentes la titular del Bloque Socialista en Diputados, Mónica Fein, y Eduardo Macaluse, del SI, quienes escucharon atentamente el testimonio de los vecinos. Todos los legisladores se comprometieron trabajar "fuertemente" para que "se retire EIDICO de la zona".
"La empresa tiene que entender que se les va a armar un soberano despelote por 3 hectáreas", expresó Silvia Vázquez, presidenta de la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y organizadora de la conferencia de prensa. Y agregó que los diputados continuarán con las acciones de "incidencia" sobre los gobiernos para "frenar la depredación del predio mientras nos aplicamos a soluciones de fondo".
"Hay funcionarios de todo orden que están involucrados", expresó Vázquez, aunque sugirió que "la presión se la tenemos que hacer a (Sergio) Massa (intendente de Tigre), porque es un muchacho que le encanta salir en los medios de comunicación". Sobre el jefe municipal, contó que intentó comunicarse los días anteriores con él pero nunca respondió los llamados. Además relató que transmitió toda esta situación al Ministro del Interior, Florencio Randazzo, a quien le manifestó su preocupación por posibles incidientes que pudieran agravar el conflicto.
La situación es tensa porque los vecinos indígenas y no indígenas nucleados en el Movimiento en Defensa de la Pacha acampan en el acceso a Punta Querandí, en la calle Brasil y el Canal Villanueva, un escenario marcado por los barrios privados de EIDICO y sus puestos de seguridad. Mientras, las maquinarias amenazan con ingresar al territorio en disputa, y se da una desigual pelea cuerpo a cuerpo. "No somos violentos, pero estamos dispuestos a ponernos frente a las topadoras para frenarlas", dijo en la conferencia el abuelo kolla Pedro Moreira, integrante de la Biblioteca Inti Huasi de San Miguel.
Pero volvamos atrás para entender más sobre esta puja entre la construcciòn de barrios privados y la preservación de sitios prehispánicos, que son considerados sagrados por las comunidades indígenas debido a que guardan las huellas de las naciones que habitaron Buenos Aires antes de la invasión europea.
ENERGIA. "Disculpen la euforia pero creo que es necesario golpear la mesa y decir basta de tanto atropello", dijo Pedro Moreira.
QUE ES PUNTA QUERANDI. Este terreno fiscal aledaño al Canal Villanueva en la localidad de Dique Luján contiene los restos del sitio arqueológico "Punta Canal" (1000 D.C.) y está ubicado a 50 metros de donde se encontraba otro yacimientode las mismas características: "Garín", que yace destruído debajo del barrio privado Santa Catalina. El lugar es paradigmático porque es el centro del inédito movimiento social que involucra por igual a vecinos de comunidades indígenas, ambientalistas y personas preocupadas por la destrucción del patrimonio arqueológico, cultural y natural del Delta bonaerense. Pero el predio es solo un fragmento de un drama mayor: en su afán inmobiliario las empresas se adueñan del patrimonio público - costas y tierras fiscales - y generan un impacto social porque desplazan a los vecinos prexistentes a los emprendimientos o los afectan negativamente con sus obras. En lo que respecta al patrimonio cultural, al rellenar miles de hectáreas de humedales, los countries arrasan con un número inestimable de sitios arqueológicos con enterratorios humanos de las culturas prehispánicas; o más sencillamente, cementerios indígenas.
Punta Querandí ya era conocido hace algunos años en sectores indígenas del Gran Buenos Aires gracias a la difusión de Graciela Satalic, vecina de Ingeniero Maschwitz (Escobar) que en el 2002 encontró restos arqueológicos en el lugar. Pero las ceremonias y actividades se acrecentaron durante todo el 2009, y de a poco el predio comenzó a ser cercado por EIDICO. A pesar de esto, "nunca tuvimos oposición para entrar", contó Graciela, hasta que el domingo 14 de febrero apareció un candado en el portón. A los pocos días entraron las maquinarias: "Removieron lo poco que quedaba de vegetación, lo destrozaron", describió. Sin embargo la tenaz persistencia de los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha lograron frenar los trabajos. Hoy la empresa continúa haciendo obras de rellenado con una draga pero en el lote contigüo al terreno ferroviario, con la permamente vigilancia de los vecinos.
El aymara Daniel Apaza, colaborador del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) desde la nueva gestión de Claudio Morgado, resaltó que estas personas que se organizaron en resguardo de Punta Querandí "en la práctica son los ocupantes del lugar". Por su parte la legisladora Verónica Benas destacó que ese territorio le pertenece a todos los argentinos como tierra pública, ya que es de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, ex ONABE). Y relacionó la supuesta entrega del predio con el desguace del patrimonional nacional en otros rubros durante las últimas décadas.
Algo similar apuntó el militante indígena Pedro Moreira: "Nuestra lucha es por el territorio sagrado pero sobrepasa eso. También estamos peleamos por los intereses de las tierras residuales del ferrocarril que es de todos y además defendemos los humedales para dejarles una mejor situación a nuestros nietos".
Benas adelantó que cuando se renueven las actividades en el Parlamento va a insistir con dos proyectos presentados en diciembre; en uno se declara de interés la preservación de las tierras aledañas al Canal Villanueva y en otro se le pregunta a ADIF si tomó conocimiento de que esas tierras fueron ocupadas por el Complejo Villa Nueva; si conoce que el terraplén fue destruido para prolongar el Canal; y si se encuentra en trámite la transferencia del dominio.
"No es un detalle: si realmente se encuentra en trámite la transferencia, nosotros tendríamos que exigir que se anule este negocio ilegítimo y anti ético que se está haciendo", alertó Benas. "Es una negligencia del Estado Nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien pedimos que se oponga a este gran negocio inmobiliario que pone por delante el propósito de un barrio privado cerrado por sobre los derechos de nuestra gente", expresó la legisladora.
INDIGNACION. La diputada Verónica Benas habló de "negligencia" por parte del Estado.
NINGUNEO AL PODER LEGISLATIVO. Los proyectos de la diputada Benas son similares a dos iniciativas aprobadas durante el 2009 en el Parlamento bonaerense. Estas resoluciones representan un apoyo para quienes demandan la preservación de Punta Querandí, sin embargo cuando los vecinos en su lucha contra las maquinarias alegaron los dictámenes, los directivos y abogados de EIDICO les respondieron que "no sirven para nada", destacó la legisladora del SI.
En mayo, a instancias de la diputada Liliana Piani (Coalición Cívica), la Cámara elevó al poder ejecutivo provincial un pedido de informes dirigido a distintas dependencias por la habilitación de las obras en el Canal Villanueva y sobre el terraplén ferroviario. Aún no hubo respuestas de ningún tipo. En noviembre, en tanto, el Senado aprobó el proyecto de Daniel Expósito (CC) para declarar de interés la preservación de las tierras aledañas a este curso de agua como patrimonio arqueológico y sagrado de los pueblos originarios.
MUNICIPIO RECORD. "Durante los 90’ Tigre recibió la mayor inversión privada de toda la República Argentina. Allí resaltan dos grandes empresarios, Constantini por un lado y O’Reilly por el otro", apuntó el concejal de Tigre Luis Cancelo (CC), quien hizo una concisa intervención para dar un marco sobre el partido donde se desarrollan estas situaciones. Además de las profundas relaciones entre EIDICO y el Municipio, y de la responsabilidad de Nación por tratarse de tierras fiscales, apuntó a la ausencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires "que es el que termina autorizando el endicamiento, el terraplenado y la draga". "(Daniel) Scioli vive a 30 cuadras del lugar, es vecino", resaltó.
¿Negligencia o complicidad? Para Cancelo, los gobiernos "históricamente han sido parte del negocio de los barrios privados". Un negocio que es redondo: "Compran a 50 centavos de dólar el metro, rellenan los humedales y venden a 2000 dólares el metro", describió. Y concluyó: "Estamos defendiendo 3 has de las mil y pico que tiene O’Reilly. Las leyes nos asisten".
PROBLEMA NACIONAL. El legislador de Proyecto Sur, Jorge Cardelli, relacionó lo sucedido en Tigre con otras situaciones en el país, como la agresión violenta a la comunidad mapuche Paichil Antriao, en Villa La Angostura, Neuquén. "Entraron a un sitio sagrado sin ningún tipo de inconveniente y (los mapuche) están rodeados por la policía o por patotas porque el gobierno los apoya", describió. También citó un conflico en Salta que involucra al Jockey Club, quien tomó tierras indígenas para construir canchas de rugby. "Esto es un problema nacional", dijo Cardelli, y apuntó más allá de las instituciones del Estado. "No es simplemente algún presidente sino que acá detrás hay un proyecto que implica ir adueñándose del territorio de nuestro país. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para pelear y denunciar", expresó.
FUENTE: Indymedia / Fotos: Georgina García
