La recuperación por parte del Estado del sistema ferroviario y un shock de inversión pública, poner fin inmediatamente a la concesión de TBA(Trenes de Buenos Aires) así como a todas las concesiones fraudulentas producto de las privatizaciones y terminar con los subsidios a las empresas de servicios sin un debido control estatal y de la sociedad civil, resultan las exigencias urgentes a la agenda política hacia el Gobierno nacional que pareciera ser que continúa empeñado en construir relatos épicos pero no poder transformar mediante políticas el derecho a una vida digna de millones de familias argentinas.
Desde la CTA hace años que venimos advirtiendo sobre el terrible funcionamiento y mala calidad del sistema de transporte público en la República Argentina que pone en riesgo la vida de millones de trabajadores y trabajadoras que todos los días lo utilizan además de una transferencia constante de importantes recursos públicos a empresas concesionarias y gerenciadoras claramente tan fraudulentas como ineficientes.
El esquema neoliberal devastador del sistema de transporte público es el padre de esta masacre ocurrida ayer en la ex línea Sarmiento que hasta ahora se cobró la vida de 50 personas y que dejó cientos de heridos.
Sin duda esto es un resultado directo de las privatizaciones neoliberales de la década de los 90. Aunque hoy por hoy este diseño sólo pudo continuar funcionando por el apoyo explícito-implícito del Gobierno nacional, su Secretaría de Transporte de la Nación en un pacto corporativo con los grupos empresarios afines y sindicalistas empresarios involucrados en negocios multimillonarios que se realizan con fondos públicos a espaldas de las necesidades colectivas del pueblo con respecto a los servicios públicos de transporte.
Esa transferencia de subsidios millonarios a las empresas como TBA perteneciente al Grupo Económico Cometrans-Cirigliano que además tienen la concesión desde el Grupo Plaza de numerosas líneas de colectivos de media y larga distancia sólo refleja negocios prebendarios para unos pocos, e inequidad en el acceso a un transporte de calidad para muchos. Es increíble que el mismo grupo empresario maneje transportes que deberían competir en calidad buscando el máximo bienestar de la ciudadanía.
Desde la CTA sostenemos que es imperioso terminar con la política de privatizaciones de los 90 aún vigente con el actual Gobierno nacional, y la necesidad de avanzar hacia una verdadera reforma integral del sistema de transporte donde el Estado recupere tanto el sistema ferroviario de las manos devastadoras del mercado como asumir el imprescindible diseño público de un sistema integrado de transporte (terrestre-ferroviario-fluvial-aéreo) que estratégicamente garantice una calidad de vida segura y digna para los trabajadores/as que todos los días necesitan de ellos para desarrollar el país.
De eso se trata cuando hablamos de distribución de la riqueza, de políticas públicas que claramente generen equidad y garanticen una vida justa para todos y todas.
FUENTE: ACTA
